Suma urgencia, cambios en la Ley de Amnistía

Uno de los compromisos planteados por la Presidenta Michelle Bachelet, es derogar el decreto ley 2.191 del 10 de marzo de 1978, conocido como “Ley de Amnistía”; como un gesto humanitario y de respaldo a las familias de los detenidos desaparecidos y asesinados durante la dictadura. Por lo tanto, como resultado de múltiples infracciones a esta ley, ayer finalmente el Ministro de Justicia, José Antonio Gómez, y la secretaria general de la Presidencia, Ximena Rincón, informaron respecto a la decisión de la propuesta de “querer adecuar la legislación chilena actual a la legislación internacional”, agregando que lo que han hecho tribunales chilenos hasta la fecha, es simplemente no aplicar la Ley de Amnistía”.

Al respecto, la Seremi de Justicia, Lorena de Ferrari Mir, afirmó que “diversos instrumentos internacionales han tipificado y consagrado el deber de sancionar actos que constituyen crímenes de lesa humanidad. Chile es signatario de dichos instrumentos internaciones que reconocen la imprescriptibilidad y la inamnistiabilidad de los crímenes señalados, por lo tanto el Estado tiene prohibición absoluta y expresa de exonerar a sus agentes por crímenes contra la humanidad”. 

Por otra parte, respecto de la permanente demanda de verdad y justicia que han realizado las diversas agrupaciones de derechos humanos, De Ferrari señaló “es indiscutible que saber lo que verdaderamente ocurrió continúa siendo una necesidad imperiosa no sólo de los familiares de las víctimas, sino de todos nosotros como sociedad. Lamentablemente de los 1063 casos de detenidos desaparecidos que investigó la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, sólo 77 fueron esclarecidos y se estableció el paradero de las víctimas a través de una resolución de los Tribunales de Justicia y se pudo entregar los cuerpos a sus familiares, el resto aún espera por esa verdad tan anhelada”.

Cabe destacar, que los ministros también señalaron que con “esta urgencia” se proponen nuevas indicaciones a los temas relacionados con los Derechos Humanos entre ellas, el proyecto de ley que tipifica y sanciona el delito de tortura y el que crea la Subsecretaría de Derechos Humanos.