Ante la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados, el
ministro de Justicia, José Antonio Gómez, realizó una detallada presentación
del proyecto de ley de Agenda Antidelincuencia que fue firmado en febrero por
la Presidenta Bachelet.
“No queremos que siga existiendo esta sensación de impunidad”, comentó
el secretario de Estado, destacando que el plan permite abordar de manera
amplia el tema de la delincuencia, en el que se consideran los delitos de mayor
connotación social y que son precisamente los que afectan a las personas.
“Lo que ha hecho la Presidenta es pegarle al corazón de la
delincuencia”, subrayó el ministro al referirse a la iniciativa que pretende
revertir la tendencia al alza de la victimización, que considera también
medidas para el sistema penitenciario y fortalecimiento en la labor de
servicios públicos del ministerio.
En la Región de Tarapacá, la seremi Lorena De Ferrari, explicó que
delitos como robo en sus distintas variantes, o hurto, “son de alta ocurrencia
y sin embargo tienen una muy baja penalidad efectiva, lo que según su análisis
obedece a una serie de atenuantes que permiten que quienes cometen este tipo de
ilícitos tengan períodos de condenas de reclusión inferiores a un año”.
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Dijo que esta iniciativa pretende que las penas se cumplan según lo
establece el código penal y frenar así lo que se conoce como la puerta
giratoria de las cárceles.
En otro de los aspectos del proyecto, dentro del plan a tres años para
Gendarmería de Chile, se contemplan 2.200 nuevas plazas por ampliaciones de
cárceles concesionadas, entre las cuales está contemplado el centro
penitenciario de Alto Hospicio.
La seremi de Justicia, Lorena De Ferrari Mir, explicó que “esta
ampliación de plazas en las cárceles concesionadas se enlaza también con el
proyecto de ley que sanciona con penas efectivas los delitos de alta
connotación social y que busca hacer más efectivo y eficiente el trabajo
policial, reduciendo de esta forma la sensación de impunidad que muchas veces
sienten quienes han sido víctimas de delitos”.
El proyecto de ley pone hincapié en el fortalecimiento del Servicio
Médico Legal y la verificación de Identidad del Servicio de Registro Civil e
Identificación. Esto implicará una inversión de 5 mil 80 millones para activar
el ingreso de evidencias forenses y potenciar el poblamiento de perfiles
genéticos de muestras biológicas de posibles víctimas desaparecidas y/o de sus
objetos personales así como de muestras biológicas de sus familiares.
En Tarapacá, la iniciativa mencionada, es impulsada desde el año pasado
con la campaña “Una gota de sangre por la verdad y justicia” del SML, que
consiste en la donación de muestras de sangre de detenidos desaparecidos y
ejecutados políticos sin entrega de restos.
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Se inyectarán 450 millones de inversión para reducir el riesgo de
suplantación de identidad en cárceles de todo el país y mayor control en
traslados a tribunales.
Además se aumentarán las duplas psicosociales para llegar a 92
profesionales (psicólogos y asistentes sociales) y así ampliar la cobertura del
programa de Tribunales de Tratamiento de Drogas que funciona en diez ciudades
del país, entre ellas Iquique.
De Ferrari Mir, enfatizó finalmente que nada de esto será suficiente “si
no afrontamos la desigualdad como la real causante de los problemas que tenemos
como sociedad, de allí la importancia de que la Presidenta Bachelet insista
permanentemente en que todos y todas estamos trabajando intensamente para hacer
de Chile una sociedad más justa, que es la finalidad del programa de gobierno”.
El Plan de Seguridad Integral del Gobierno considera una inversión del
orden de los U$404 millones por una sola vez y de U$362 millones de manera
permanente, para entre otros, abarcar los siguientes aspectos: Aumento de
dotación de Carabineros y PDI, Ley de Control de Armas, Fortalecimiento del
Ministerio Público, Programa piloto de defensa para víctimas de delitos a cargo
de la Corporación de Asistencia Jurídica RM, Aumento de infraestructura
penitenciaria en 10 mil plazas y ampliación de la dotación de Gendarmería en 4
mil 500 nuevos funcionarios en un plazo de 3 a 4 años, Sistema de reinserción
especializado, Fortalecimiento del Servicio Médico Legal y Registro Civil e
Identificación para avanzar en el perfeccionar el registro de ADN y Codis.
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