miércoles, 16 de octubre de 2013

SEREMI DE JUSTICIA DE TARAPACÁ, EXPLICÓ LEY 20.603 DE SUSTITUCIÓN DE PENAS EN RADIO DIGITAL



La importancia del Estado y la sociedad en la reinserción social de las personas que han delinquido, fue el enfoque que el Seremi de Justicia de Tarapacá, Darío Chacón Vicentelo, dio en la entrevista realizada a Radio Digital, a la periodista Daniela Ortega.

El seremi de Justicia trató la importancia de la Ley 20.603 sobre sustitución de penas, explicando su importancia, “permite dar una oportunidad a las personas que han delinquido por primera vez, o que tiene penas bajas, de poder de tratar que no entren  en una carrera delictual, ofreciendo penas fuera de un recinto penitenciario”.

Las penas que hizo referencia la autoridad son la remisión condicional, la reclusión parcial, la realización de servicios en beneficio de la comunidad, la libertad vigilada, la expulsión del país en el caso de extranjeros y el control telemático, “que se estima estará operativo en diciembre del 2013” explicó el seremi de Justicia, agregando que se trata de una gran innovación de la política penitenciaria, sobre todo en delitos de índole sexual, “es importante para la sociedad, saber dónde están estas personas, que estén condenadas o imputadas, en especial los que tiene prohibido acercarse a las víctimas”.

PERDER 3 AÑOS DE VIDA POR 100 DÓLARES

El año 2012 se comenzó a aplicar la pena de expulsión a los extranjeros sin residencia en el país y cuya condena no sobrepasase los 5 años y que como condición exige no volver a ingresar a nuestro territorio.  En la primera región esta medida benefició especialmente a quienes fueron condenados por el delito de narcotráfico. Este año alrededor de medio centenar de  personas se acogieron a este beneficio.

El seremi de Tarapacá, Dario Chacón,  explicó que esta medida beneficia al sistema carcelario chileno, “hemos visto que es mejor expulsar a esta gente del país que tener personas mantenidas por el Estado, hay que recordar que un interno en el sistema de cárcel concesionada o en el normal le cuesta al Estado entre 350 a 500 mil pesos mensuales”.
Chacón recordó  el caso de una interna boliviana, que se acogió a la pena sustitutiva  de expulsión del país, luego de pasar tres años recluida tras ser condenada por narcotráfico, “por 100 dólares, (unos 50 mil pesos), ella había perdido tres años de su vida. Estamos hablando de verdaderas mafias que contratan a personas que están en una situación socioeconómicas bien malas, se aprovechan de esta situación, la verdad es mejor expulsarlas del país”.

REINSERCIÓN SOCIAL

El seremi de Justicia concluye que el principal beneficio de la ley la ley 20.603 es la reinserción social, “si vamos a llenar las cárceles no vamos a poder tener una política de reinserción social. Muchas veces hemos escuchado -acá hay que llenar las cárceles-, Pero ¿Qué hacemos con esas personas que están en las cárceles? Hay que darles una reinserción social, porque ellos van a salir y no queremos que vuelvan a delinquir”.

En este ámbito Chacón informó sobre una reforma, impulsada por el gobierno del presidente Sebastián Piñera, que permitirá la contratación , por parte del estado de personas que posean antecedentes penales, “Nosotros le siempre le pedimos a la sociedad que contraten a personas que  tienen antecedentes penales, muchas de ellas han adquirido oficios, pero el Estado en sus restricciones para poder acceder a la administración pública pide que no tengan antecedentes penales, eso lo hemos reformado, para dar el ejemplo, así como se lo pedimos al mundo privado el mundo público debe dar ese ejemplo, porque estamos hablando de personas que delinquieron, cumplieron su condena y si no le damos oportunidades los estamos obligando a seguir delinquiendo”.

Agregó que aún existe ciertas restricciones como en el caso de los delitos sexuales a menores donde se trata de no ofrecer un empleo, donde existan niños, recordando que actualmente en la web del Servicio de Registro Civil existe un link, que con el rut de una persona se puede saber si fue o no condenado por un delito sexual.

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